«La Junta de Control Fiscal tiene como objetivo simple y sencillamente aderezar el arroz con culo que tiene ustedes aquí en esta islita llena de zika, tecatos y reggaetón», explicó un comunicado de prensa del organismo usando un lenguaje refrescantemente franco. «Es el colmo de los colmos que, tras que uno viene aquí a esta olla de grillos a realizar el trabajo serio de vender el patrimonio puertorriqueño cantito a cantito para sacarlos del hoyo en el que se cavaron ustedes mismos, vengan los nativos a protestar nuestra gesta. ¿Qué se creen, que este país es suyo, y no nuestro para hacer y deshacer como nos dé gusto y gana? Bah, y como si eso fuera poco, usaron los mismos estribillos trillados de siempre: que si ‘¡Lucha sí, entrega no!’, que si ‘¡El pueblo unido jamás será vencido!’… ¿a ustedes no les cansa ya el mismo sángüich frío?», increpó lo misiva, poniendo en evidencia que los miembros de la Junta no escucharon los gritos nuevos de «¡Esa junta es criminal, no la vamos a aceptar!» (los cuales, en su defensa, riman consonantemente en el hablar cotidiano boricua).
El edicto de la JCF enfatizó: «Es, por ende, la primera determinación de esta junta arrestar a esa zafra de cimarrones / pleneros aficionados quienes protestaron nuestra sesión, y subastarlos a to’s al mejor postor para así levantar fondos para pagarle a los bonistas. Dicen que los puertorriqueños son muy serviciales, ¡así que veremos qué tan buen servicio le brindarán a sus nuevos amos!».
Aunque tan descabellado mandato teóricamente debió haber sido repudiado públicamente por el gobernador Alejandro García Padilla –miembro teórico pero sin voto de la Junta–, se supo que este no dijo ni «esta boca es mía» por temer que el primero en ser forzado a la esclavitud fuera él mismo.