El nuevo Código Penal, aprobado ya por ambas cámaras pero aún no firmado por el Gobernador, prohíbe entre otras cosas obstruir el acceso a instituciones de enseñanza y perturbar o interrumpir la labor legislativa, esencialmente eliminando el actual derecho de la ciudadanía a realizar protestas y huelgas en donde estas se dan más frecuentemente (en la Universidad de Puerto Rico y en el Capitolio). Se rumora que estipulaciones aún más draconianas fueron propuestas en la Cámara de Representantes, entre estas una que castigaría con cadena perpetua «a todo hijuela que ose llamarle ‘Miss Piggy’ a [la presidenta cameral] Jenniffer González». A fin de cuentas, luego de varias horas de debate estas enmiendas no fueron aprobadas, para el alivio de la minoría popular, quien de otro modo se vería obligada a pasar el resto de su vida en la cárcel.
Cientos de estudiantes se citaron ante los portones del Recinto de Río Piedras de la UPR para hacer una «huelga preventiva» en la cual tronarían contra «los abusos que la actual y futuras administraciones indudablemente cometerán contra el estudiantado». Entre estos, los estudiantes pronosticaron alzas de matrícula, imposiciones de nuevas cuotas y coartaciones de derechos civiles varios. «Nos tuvimos que poner creativos, sin embargo, porque con el nuevo Código Penal no podremos protestar contra los eventuales atropellos de la administración universitaria», explicó un miembro del Consejo de Estudiantes. «Es por eso que, curándonos en salud, también estamos protestando contra la implantación de chips cerebrales en todos los estudiantes; la inevitable incorporación de sanguinarios androides a la guardia universitaria; y el que se elija como Rector a una momia egipcia reanimada — ¡aunque bueno, eso ha sucedido antes!».
Igualmente se lanzaron a la calle miles de ciudadanos frente al Capitolio para dejarle saber a los legisladores que no están de acuerdo con los futuros abusos de poder del Gobierno, «sean cuales fueren». Los manifestantes tronaron contra «esa última decisión que tomó el Gobernador de turno» y aprovecharon la ocasión para tildarlo de «incompetente, seguramente». Igualmente rechazaron la privaticación de la oficina gubernamental que sea, asegurando que «¡El/La [insert name here] no se vende!». Uno de los protestantes explicó: «Yo solo sé que, eventualmente, vamos a estar muy molestos con las acciones de futuros gobernadores, y estamos aquí para decirle a ellos, quienes quiera que sean, que basta ya de esos atropellos y/o abusos de poder que ellos y/o sus soplapotes sin duda cometerán. Digo, siempre y cuando sean del partido opuesto — ¡porque si son de mi partido, alguna excusa razonable tendrán!».
Algunas personas incluso irrumpieron dentro del hemiciclo para poder «perturbar up close and personal» a los legisladores, pitándoles obscenamente, lanzándoles verduras podridas e incluso cantando «Sal de ahí, chivita, chivita». «Si ellos van a evitar que vengamos a nuestra Casa de Leyes y les expresemos directamente nuestro descontento», explicó uno de los ciudadanos ahí presentes, «supongo que tendremos que sacárnoslo todo del sistema ahora, ¿no? Total», concluyó, luego de gritarle socarronamente «¡Mi rorro!» a la senadora Evelyn Vázquez, «si realmente interrumpiéramos la labor legislativa, ¿alguien se daría cuenta?».
Por su parte, Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado, negó que las nuevas provisiones punitivas del Código Penal sean para coartar el derecho civil de la libre expresión, «sino simplemente para que, luego de que los ciudadanos se hayan expresado libremente a sus anchas, nosotros podamos mandarlos a todos de cabeza pa’ la cárcel para que puedan seguir expresándose allá todo lo que quieran. Win-win!«.