Santo Domingo, República Dominicana – Recientemente salió a relucir que el bufete de abogados del exgobernador Luis Fortuño ha sido contratado por el gobierno de República Dominicana para defender ante los Estados Unidos su política inmigratoria diseñada para perjudicar a los inmigrantes haitianos. Este será el dinero más fácil que haya ganado la firma, sin embargo, porque si a alguien no hay que defender políticas migratorias racistas que pretenden excluir a un grupo en particular, es a la actual administración estadounidense.

Claramente no podíamos desperdiciar la ocasión para reusar esta imagen, al solo mencionar el nombre de Fortuño.

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana había determinado que los hijos de extranjeros indocumentados (la decisión no dijo literalmente “haitianos cola’os” solo de milagro) no podrían mantener la ciudadanía dominicana. A raíz de dicha decisión, el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez ratificó en el 2014 la Ley 164-14 (apodada secretamente “¡Zape, haitianos!”), que determina que aquellas personas nacidas en República Dominicana de padres indocumentados que no hayan sido inscritas en el Registro Civil, tendrán 90 días para presentar evidencia de su nacimiento y registrarse, y de no poder hacerlo, “tendrán que regresar inmediatamente al país de donde hayan venido sus padres, ya sea este Haití, Haití, o el país ese que tenemos al lado cuyo nombre empieza con ‘H’ y termina con ‘aití'”.

Dado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que aparentemente es algo que existe —who knew?) describió la política de la República Dominicana como una de “deportar migrantes haitianos, o personas percibidas como tales, independientemente de su situación migratoria”, la administración decidió contratar el bufete de Steptoe & Johnson para hacer un poco de “damage control“. El exgobernador Luis Fortuño, miembro de dicho bufete y quien pensaba ya haberse zafado de la lengua viperina de este periódico, se ofreció para trabajar en este caso, “porque si alguien sabe cómo hablarle de tú a tú y sin miedos al gobierno de los Estados Unidos, y obligarlo a que haga lo que uno quiera, ¡ciertamente es un exgobernador estadista del territorio no incorporado de Puerto Rico!”.

Aunque no queda claro por qué el presidente de la República Dominicana creyó necesario gastar potuca y media de chavos cabildeando ante legisladores estadounidenses que seguramente ni saben dónde queda dicho país, se reporta que en efecto Fortuño no encontró mayores inconvenientes en su gesta chupamediosa. Paul Ryan, el portavoz de la Cámara de Representantes, explicó: “¡Por Dios! En esta administración republicana, regida por la xenofobia, el racismo y la falta de respeto a otros países, ¿en verdad tú crees que sería tan difícil hacernos entender una ley que intenta diáfanamente poner de patitas en la calle a miles de personas que nacieron y se criaron en el país, pero cuyos padres son indocumentados? ¡Ya quisiéramos nosotros poder hacer eso mismo aquí, si no fuera por la maldita bleeding heart Enmienda 14 de la Constitución!”. La única interrogante que levantó Ryan sobre la implementación de la Ley 164-14 fue la siguiente: “Lo que sí es que no sé cómo sabrán ellos quiénes son haitianos ilegales y quiénes son dominicanos legales: ¡a mí to’s me suenan iguales y se ven igual de negritos!”.